A raíz de las constantes críticas a Sebastián Piñera por su rol de empresario y candidato a la presidencia se vino a la mente revisar las normas referentes a nuestros representantes en el Congreso Nacional y la probidad.
Pues bien, revisando la ley orgánica del Congreso Nacional me encontré con el art. 5 C. Este señala que es un deber para los diputados y senadores efectuar una declaración jurada de intereses ante un notario de su domicilio o de la ciudad donde se celebre sus sesiones el Congreso Nacional.
¿En qué consiste esta declaración de intereses? Esta ley se remite al art. 60 de la ley 18.575: "La declaración de intereses debe contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario". ¿Se debe entender que incluye los bienes que posee? Creo que no. Esta misma ley distingue entre declaración de intereses y declaración de patrimonio, por lo que difícilmente se peuede entender que son lo mismo.
Ahora, lo que me llama la atención y que en definitiva incumple una serie de derechos ciudadanos es que el original de la declaración queda protocolizado en la notaría donde se haya presentado y una copia se envía a la secretaría de la Cámara respectiva para su archivo y consulta.
El problema consiste en que si un ciudadano cualquiera que desea ejercer su derecho de revisar la declaración de intereses del parlamentario que lo representa debe costear una copia del instrumento protocolizado en la notaría en que se encuentra. Es decir, ya se está discriminando a quienes no puede costear una copia del instrumento protocolizado (las copias en una notaría no son de los más baratas).
Por otro lado, queda revisar la copia que se envía a la Cámara. Pero nuevamente se discrimina y se restringe el ejercicio de este derecho sólo a quienes tienen acceso a dicha secretaría, es decir, a quienes viven relativamente cerca. Por ejemplo, si el senador don Sergio Fernández protocolizó su declaración de intereses en Valparaíso, las dos copias disponibles para revisar se encuentran en Valparaíso, demasiado lejos de la circunscripción que representa: Región de Magallanes y la Antártica Chilena .
Lamentablemente, no existe una política de transparencia respecto de la declaración de intereses. Al tiempo de dictarse las modificaciones a la ley orgánica del congreso nacional no se vislumbró el hecho de que sólo unos pocos pueden acceder a efectivamente ejercer su derecho de revisar las declaraciones de sus representantes.
En un sistema democrático dichas declaraciones no debieran tener costo para los ciudadanos que deseen revisarlas y además debieran ser accesibles por cualquier persona, en cualquier parte del país, no solamente restringidas a quienes son representados. Todo ciudadano tiene el deber y el derecho de velar por la transparencia, probidad y honestidad de los funcionarios públicos y parlamentarios.
Pues bien, revisando la ley orgánica del Congreso Nacional me encontré con el art. 5 C. Este señala que es un deber para los diputados y senadores efectuar una declaración jurada de intereses ante un notario de su domicilio o de la ciudad donde se celebre sus sesiones el Congreso Nacional.
¿En qué consiste esta declaración de intereses? Esta ley se remite al art. 60 de la ley 18.575: "La declaración de intereses debe contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario". ¿Se debe entender que incluye los bienes que posee? Creo que no. Esta misma ley distingue entre declaración de intereses y declaración de patrimonio, por lo que difícilmente se peuede entender que son lo mismo.
Ahora, lo que me llama la atención y que en definitiva incumple una serie de derechos ciudadanos es que el original de la declaración queda protocolizado en la notaría donde se haya presentado y una copia se envía a la secretaría de la Cámara respectiva para su archivo y consulta.
El problema consiste en que si un ciudadano cualquiera que desea ejercer su derecho de revisar la declaración de intereses del parlamentario que lo representa debe costear una copia del instrumento protocolizado en la notaría en que se encuentra. Es decir, ya se está discriminando a quienes no puede costear una copia del instrumento protocolizado (las copias en una notaría no son de los más baratas).
Por otro lado, queda revisar la copia que se envía a la Cámara. Pero nuevamente se discrimina y se restringe el ejercicio de este derecho sólo a quienes tienen acceso a dicha secretaría, es decir, a quienes viven relativamente cerca. Por ejemplo, si el senador don Sergio Fernández protocolizó su declaración de intereses en Valparaíso, las dos copias disponibles para revisar se encuentran en Valparaíso, demasiado lejos de la circunscripción que representa: Región de Magallanes y la Antártica Chilena .
Lamentablemente, no existe una política de transparencia respecto de la declaración de intereses. Al tiempo de dictarse las modificaciones a la ley orgánica del congreso nacional no se vislumbró el hecho de que sólo unos pocos pueden acceder a efectivamente ejercer su derecho de revisar las declaraciones de sus representantes.
En un sistema democrático dichas declaraciones no debieran tener costo para los ciudadanos que deseen revisarlas y además debieran ser accesibles por cualquier persona, en cualquier parte del país, no solamente restringidas a quienes son representados. Todo ciudadano tiene el deber y el derecho de velar por la transparencia, probidad y honestidad de los funcionarios públicos y parlamentarios.
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