Wow. Esto sí se me había escapado. Me entero a través de Quemarlasnaves de una carta publicada por varios profesores de Derecho, de distintas especialidades, criticando la forma y el fondo del nombramiento de don Raul Bertelsen, destacado constitucionalista, como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la defensa de la Constitución y los principios que la rigen.
La principal crítica que se le hace a Bertelsen es que desde ahora será uno de los encargados de defender la Constitución, reformada este año 2005, cuando él ha sido reconocido como partidario de la constitución derogada. ¿A que me refiero? A los principios de la democracia protegida, cuyos remanentes mayoritariamente fueron extirpados de la Carta Fundamental con las modificaciones de este año.
Dicha carta ha suscitado un debate que se da a conocer a través de la sección cartas al director del periódico El Mercurio.
Debo, entonces, expresar mi opinión respecto del tema.
Creo que el sr. Bertelsen fue nombrado de acuerdo a las normas de la Constitución, al menos formalmente. El Senado siguió los pasos que la misma Constitución regula, de eso no tenemos duda alguna.
Sin embargo, lo que ha suscitado el debate es algo distinto: que Bertelsen no es un personaje idóneo para defender los principios que rigen nuestra actual Constitución.
Se ha señalando, en algunas cartas aparecidas en la seccion referida del periódico, que los académicos que suscriben la carta, ejerciendo su derecho a emitir opinión, "se creen depositarios de la conciencia nacional e incluso ministros de fe de la actuaciones de quienes desempeñan actividades en instituciones públicas o privadas", "Guardián(es) Platónico(s) que, desde alguna superioridad moral, pontifica(n) sobre qué sectores son elegibles y cuáles constituyen una casta de intocables que ni siquiera pueden ser considerados", "la pretensión de los reclamantes de adjudicarse una cierta capacidad de “tutela” constitucional, paralela a la de las autoridades constitucionales legítimas". Considero que esto se debe a dos cosas: la desafortunada redacción de la carta firmada por los académicos y la sobrerreacción de sus críticos.
Creo que la carta en cuestión ha sido mal redactada porque se dirige al punto menos importante. Critican el nombramiento de Bertelsen y solicitan su renuncia. Y he ahí el problema. Lo más importante de esta situación no es Bertelsen en sí, sino el procedimiento seguido por el Senado.
Por otro lado, creo que los firmantes de las misivas enviadas al periódico pecan de alarmismo. Los académicos en cuestión han ejercido su derecho a emitir opinión, y en ella se incluye el derecho a pedirle la renuncia a cualquier funcionario público. Subrayo: pedir, sinónimo de solicitar. Que no es lo mismo que exigir. Los criticados no pretenden hacerse con el poder de vigilar la Constitución y sus normas y los principios que rigen nuestro sistéma democrático, sino simplemente hacer ver una opinión, completamente legítima. Lo repito, no hay que ser alarmistas. De hecho, debemos en cierto punto agradecerles por generar el debate que nos ocupa, debate que estuvo ausente en la sesión del Senado donde se votó el nombramiento.
Finalmente, creo que el problema con el nombramiento de Bertelsen radica no en su idoneidad para el cargo, sino en la forma en que se hizo. La votación tuvo a lugar el día 8 de Noviembre y procedió sin debate y en votación única, a proposición del senador Sergio Romero. Es decir, se votó conjuntamente el nombramiento de el sr. Bertelsen y el de don Hernán Vodanovic. O se aprobaban ambos o ninguno, lo que me parece que raya en la ilegitimidad.
Como ya lo decía Claudio, no se puede nombrar a alguien en el cargo de ministro del Tribunal Constitucional sin un debate previo. Un defensor de la Constitución necesita pasar antes por un riguroso examen por parte de todos los sectores políticos y representados en el Senado. Simplemente porque estamos violando los principios que rigen nuestro sistema democrático. Le suena a alguien la Igualdad o tal vez la Transparencia. Y es que el Tribunal Constitucional es tan importante dentro de un sistema democrático que su compósición no debe ni puede estar sujeta a consideraciones y criterios políticos. La política se basa en el poder, mientras que en la democracia se pone un límite a este. Incluso podría argumentarse que una actuación como la del Senado es inconstitucional, basandonos en la primera parte del inciso segundo de nuestra Constitución: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".
Lamentablemente, nuestras instituciones funcionan de acuerdo a las leyes y reglamentos qu las regulan, dejando poco espacio para generar costumbre. Así, debemos esperar a que se legisle respecto de una forma, adecuadamente democrática, que permita un análisis detallado, centrado en los aspectos técnicos, no políticos, de quienes formarán parte del Tribunal Constitucional.
UPDATE: ¿Quieres ver quienes votaron por los nombramientos en cuestión? Haz click en la imagen de abajo.
La principal crítica que se le hace a Bertelsen es que desde ahora será uno de los encargados de defender la Constitución, reformada este año 2005, cuando él ha sido reconocido como partidario de la constitución derogada. ¿A que me refiero? A los principios de la democracia protegida, cuyos remanentes mayoritariamente fueron extirpados de la Carta Fundamental con las modificaciones de este año.
Dicha carta ha suscitado un debate que se da a conocer a través de la sección cartas al director del periódico El Mercurio.
Debo, entonces, expresar mi opinión respecto del tema.
Creo que el sr. Bertelsen fue nombrado de acuerdo a las normas de la Constitución, al menos formalmente. El Senado siguió los pasos que la misma Constitución regula, de eso no tenemos duda alguna.
Sin embargo, lo que ha suscitado el debate es algo distinto: que Bertelsen no es un personaje idóneo para defender los principios que rigen nuestra actual Constitución.
Se ha señalando, en algunas cartas aparecidas en la seccion referida del periódico, que los académicos que suscriben la carta, ejerciendo su derecho a emitir opinión, "se creen depositarios de la conciencia nacional e incluso ministros de fe de la actuaciones de quienes desempeñan actividades en instituciones públicas o privadas", "Guardián(es) Platónico(s) que, desde alguna superioridad moral, pontifica(n) sobre qué sectores son elegibles y cuáles constituyen una casta de intocables que ni siquiera pueden ser considerados", "la pretensión de los reclamantes de adjudicarse una cierta capacidad de “tutela” constitucional, paralela a la de las autoridades constitucionales legítimas". Considero que esto se debe a dos cosas: la desafortunada redacción de la carta firmada por los académicos y la sobrerreacción de sus críticos.
Creo que la carta en cuestión ha sido mal redactada porque se dirige al punto menos importante. Critican el nombramiento de Bertelsen y solicitan su renuncia. Y he ahí el problema. Lo más importante de esta situación no es Bertelsen en sí, sino el procedimiento seguido por el Senado.
Por otro lado, creo que los firmantes de las misivas enviadas al periódico pecan de alarmismo. Los académicos en cuestión han ejercido su derecho a emitir opinión, y en ella se incluye el derecho a pedirle la renuncia a cualquier funcionario público. Subrayo: pedir, sinónimo de solicitar. Que no es lo mismo que exigir. Los criticados no pretenden hacerse con el poder de vigilar la Constitución y sus normas y los principios que rigen nuestro sistéma democrático, sino simplemente hacer ver una opinión, completamente legítima. Lo repito, no hay que ser alarmistas. De hecho, debemos en cierto punto agradecerles por generar el debate que nos ocupa, debate que estuvo ausente en la sesión del Senado donde se votó el nombramiento.
Finalmente, creo que el problema con el nombramiento de Bertelsen radica no en su idoneidad para el cargo, sino en la forma en que se hizo. La votación tuvo a lugar el día 8 de Noviembre y procedió sin debate y en votación única, a proposición del senador Sergio Romero. Es decir, se votó conjuntamente el nombramiento de el sr. Bertelsen y el de don Hernán Vodanovic. O se aprobaban ambos o ninguno, lo que me parece que raya en la ilegitimidad.
Como ya lo decía Claudio, no se puede nombrar a alguien en el cargo de ministro del Tribunal Constitucional sin un debate previo. Un defensor de la Constitución necesita pasar antes por un riguroso examen por parte de todos los sectores políticos y representados en el Senado. Simplemente porque estamos violando los principios que rigen nuestro sistema democrático. Le suena a alguien la Igualdad o tal vez la Transparencia. Y es que el Tribunal Constitucional es tan importante dentro de un sistema democrático que su compósición no debe ni puede estar sujeta a consideraciones y criterios políticos. La política se basa en el poder, mientras que en la democracia se pone un límite a este. Incluso podría argumentarse que una actuación como la del Senado es inconstitucional, basandonos en la primera parte del inciso segundo de nuestra Constitución: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".
Lamentablemente, nuestras instituciones funcionan de acuerdo a las leyes y reglamentos qu las regulan, dejando poco espacio para generar costumbre. Así, debemos esperar a que se legisle respecto de una forma, adecuadamente democrática, que permita un análisis detallado, centrado en los aspectos técnicos, no políticos, de quienes formarán parte del Tribunal Constitucional.
UPDATE: ¿Quieres ver quienes votaron por los nombramientos en cuestión? Haz click en la imagen de abajo.
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